viernes, 21 de abril de 2017

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miércoles, 25 de enero de 2017

EL INDULTO

EL INDULTO
NOCIONES GENERALES. EL INDULTO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA. FORMAS DEL INDULTO. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR Y/O CONCEDER EL INDULTO. PROHIBICION E IMPROCEDENCIA DEL INDULTO. CASOS.


NOCIONES GENERALES

En sentido amplio, el indulto es la remisión o perdón, total o parcial, de las penas judicialmente impuestas.[1]
El indulto es un acto de gracia, como la amnistía, pero se diferencia de ésta en que no es real, sino personal: en lugar de referirse al delito borrando su criminalidad, apunta al delincuente en relación con la pena que le ha sido impuesta, librándolo de su ejecución en todo o en parte.[2]
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, indulto es la gracia que excepcionalmente concede el Jefe del Estado, por la cual perdona total o parcialmente una pena o la conmuta por otra más benigna.

EL INDULTO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.

En el ámbito constitucional, tenemos que el indulto es una institución que existe desde inicios de la vida Republicana, la Constitución de 1830 determinaba en el numeral 8 del artículo 26 lo siguiente: “Art. 26.- Las atribuciones del Congreso son: 8. Conceder indultos cuando lo exija la conveniencia pública.”

Como se lee, fue el Congreso o el poder legislativo[3], quien ostentó esta potestad durante la historia, sólo compartiéndose esta atribución –sin relación de dependencia- con el Presidente de la República, a partir de la Constitución del año 1998. En la Constitución de 1967 se habilitó al Presidente de la República la potestad para conceder el indulto por delitos políticos.

El Presidente de la República concedía indulto de manera limitada y dependiente, por citar ejemplos, podía conceder indulto general o particular mientras el Congreso estaba en receso, previa autorización del Consejo de Estado (Constitución de 1835 – Art. 65); en territorio insurrecto, en caso de invasión exterior repentina, o de conmoción interior a mano armada, con acuerdo y consentimiento del Congreso, o de la Comisión permanente, en su receso (Constitución de 1843 – Art. 62); en los casos de grave peligro, por causa de conmoción interior, o de ataque exterior, que amenace la seguridad del Estado, concurriendo al Congreso, y en su receso al Consejo de Gobierno, para que considerando la urgencia, según el informe correspondiente, le niegue o conceda (Constitución de 1845 – Art. 75); de acuerdo con el Consejo de Estado, pero no la de los empleados que hayan delinquido contra la hacienda nacional, o en virtud de una orden del Gobierno (Constitución de 1869 – Art. 60).

En las constituciones de 1835 (Art.43), 1843 (Art.37 núm. 11), 1845 (Art. 42 núm. 13), 1869 (Art. 35 núm. 13), 1945 (Art. 34 núm. 29) el indulto se concede “cuando lo exija algún grave motivo de conveniencia pública”, es decir se aumenta la condición de “gravedad”.
Si bien el indulto es una gracia que concede la autoridad que detenta el poder, ésta potestad no siempre fue empleada según los fines por los que fue creada, es así que el poder legislativo a través del indulto, brindaba protección de sus allegados en sede judicial. Por este motivo se observa en la Constitución de 1884 la siguiente disposición: “Art. 63.- El Congreso no puede suspender, a pretexto de indulto, el de los procedimientos judiciales, ni revocar los decretos y resoluciones que dicte el Poder Judicial, (salvo el caso del inciso 14 del artículo anterior), ni ejercer ninguna de las facultades privativas del Poder Ejecutivo, ni menoscabar las atribuciones que por esta Constitución, pertenecen a las autoridades del régimen seccional (…).”

Sin embargo, el fin propio del indulto es la remisión de la pena, por este motivo, en la Constitución de 1906, a continuación de la potestad del Congreso para otorgar indulto se estableció “Salvo los casos del párrafo anterior, no podrá el Congreso suspender la substanciación de los procesos, ni revocar las sentencias o mandamientos del Poder Judicial” (Art. 54 núm. 15 inciso 2do). En términos semejantes se leen disposiciones en las Constituciones de 1929 (Art. 48 núm. 17 inciso 2do); y, Constitución de 1946 (Art. 53 núm. 16); Constitución de 1967 (Art. 135 núm. 4).

Las condiciones para el indulto fueron variando a partir de la Constitución de 1979, es así que el indulto se concedía “cuando lo justifique algún motivo trascendental” (Art. 59 literal k). En las Constituciones de 1998 y 2008 el indulto se lo concede por motivos humanitarios, pero no son susceptibles de indulto los delitos cometidos en contra de la administración pública, por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia.

En 1878 se expidió la primera Ley de Gracia (norma regulatoria del indulto), durante el gobierno del General Ignacio de Veintemilla, estableciéndose como característica central que sólo lo puede solicitar la ppl o su defensor por una sola vez.
Posteriormente en 1894 durante el gobierno de Luis Cordero Crespo, la ley de gracia permitió solicitar el derecho de gracia a cualquier persona y agregó la posibilidad de repetir la petición.

A partir de dicha norma, no variaron los principios sustanciales de la ley de gracia sino hasta la reforma de 1976, norma que se encuentra vigente y establece que la gracia se la ejerce perdonando, conmutando o rebajando las penas impuestas por sentencia judicial.[4]

Cabe destacar que los términos conmutación y rebaja de la pena se emplean de manera indistinta por nuestra legislación, pues por sus efectos, comprenden un indulto parcial.

El numeral 18 del artículo 147 de la Constitución del 2008 establece el indulto, rebaja o conmutación de penas como una atribución del Presidente de la República, atribución compartida con la Asamblea Nacional según lo establecido por el numeral 13 del artículo 120  ibídem.

El Código Orgánico Integral Penal establece en su artículo 74 lo siguiente: “La o el Presidente de la República podrá conceder indulto, conmutación o rebaja de las penas impuestas en sentencia ejecutoriada. Se concederá a la persona sentenciada que se encuentra privada de libertad y que observe buena conducta posterior al delito. La solicitud se dirigirá a la o al Presidente de la República o a la autoridad que designe para el efecto, quien evaluará si la solicitud es o no procedente. Si la solicitud es negada, se podrá presentar nuevamente si ha transcurrido por lo menos un año más de cumplimiento de la pena y si se ha observado conducta ejemplar.” Como se observa, hay una distinción entre indulto, conmutación y rebaja de la pena, sin embargo estas dos últimas, son categorías del indulto en sí mismo, como se analizará posteriormente.

FORMAS DEL INDULTO

Como ha quedado expuesto, el indulto se lo puede conceder  rebajando o conmutando las penas, no obstante, es posible que el indulto se manifieste a través del perdón total de la pena, en consecuencia, procedo con el análisis de cada una de estas formas por las cuales puede concederse el indulto, a partir de las cuales, se podrá deducir los efectos que se generan.

1.      Perdón de la pena.- Si bien todas las formas de indulto representan una manifestación de perdón de la pena, merece especial mención destacar que el indulto en su máxima expresión representa el perdón de la totalidad de la pena, con esto, se extingue la responsabilidad penal de la persona privada de la libertad (en adelante ppl), quien adquiere el derecho de libertad inmediata[5], sin que se encuentre obligado a purgar otro tipo de penalidad.

2.     Rebaja.- Cuando mediante el indulto se rebaja la pena, la ppl continúa privado de su libertad, bajo la condición que la ejecución de la sentencia que obra en su contra varía en cuanto al factor de temporalidad, disminuyendo el tiempo durante el cual se encontrará privado de su libertad.

3.     Conmutación.- Cuando el indulto se lo extiende bajo la modalidad de la conmutación, la pena a la que ha sido condenado la ppl cambia por otra menos grave, es posible que en estas circunstancias, la ppl adquiera el derecho de libertad inmediata, si la conmutación se la efectúa aplicando una pena no privativa de libertad.[6]

Sin perjuicio de la aplicación de cualquiera de las formas de indulto, no se extingue la reparación integral a la víctima dispuesta en sentencia condenatoria.

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR Y/O CONCEDER EL INDULTO

El indulto, al ser una potestad discrecional, puede extenderse a petición de parte (solicitud-concesión) o de oficio (concesión) en cuyo caso no media petición alguna, lo cual hace que el procedimiento para su formalización sea diferente.

Corresponde analizar cada procedimiento, para lo cual se tendrá en cuenta la autoridad de la que puede emanar la gracia, el elemento central para distinguir la potestad del indulto es el motivo. Así, la Asamblea Nacional concede indulto por motivos humanitarios, en tanto que el Presidente de la República concede indultos por diversas causas que puede invocar el peticionario, cuya concesión será discresional.

1.      Ante el Presidente de la República

La Ley de Gracia establece que el derecho de gracia (indulto) requiere de petición del interesado, mediante un escrito dirigido al Presidente de la República por medio del Ministro de Gobierno y Justicia[7] (Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos), después que se haya ejecutoriado la sentencia.
En el gobierno del Presidente Rafael Correa se expidió el “Reglamento para la concesión de indulto, conmutación o rebaja de penas” a través del Decreto Ejecutivo 861, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 674 de 21 de enero del 2016, en función del cual se establece que el procedimiento a seguir contiene tres momentos: Petición, análisis y decisión.

Petición

Cabe partir de la aclaración que si bien la petición  se trata de un derecho que les asiste a los posibles beneficiarios, la falta de contestación no acarrea silencio administrativo, pues el indulto constituye una potestad discrecional del Presidente de la República, en razón del cual, no hace falta que exista una contestación formal, pues la petición da lugar a un procedimiento administrativo.

La petición debe cursarse por escrito y contener datos, argumentación, declaraciones y anexos:

a.      Datos: La petición puede realizarse por una tercera persona si el interesado se encuentra impedido físicamente para hacerlo. Se indicarán todos los datos relativos a la identidad del posible beneficiario del indulto, así como de quien presenta la petición, para el caso que el posible beneficiario no se encuentre en posibilidades de cursarla.

Debe especificarse el delito por el que fue sancionado expresando la fecha en que fue cometido, describirse la pena a la que fue condenado el posible beneficiario, así como la identidad de las víctimas que hayan sido declaradas como tales en sentencia, expresando la fecha en que ésta fue expedida y la autoridad que la emitió.

Se debe además expresar todos los datos relativos al Centro de Privación de Libertad en el que se encuentra el posible beneficiario, expresando el tiempo que se encuentra privado de su libertad.

b.      Argumentación: El solicitante debe exponer todas las razones que considera válidas para que la autoridad pueda conceder el indulto, es el aspecto medular de la petición pues de esto dependerá el éxito de la misma. Cabe recordar que el indulto presidencial es aplicable para quienes se encuentren cumpliendo penas privativas de libertad y que han observado una buena conducta posterior al delito. Si bien el indulto por motivos humanitarios lo concede la Asamblea Nacional, no existen límites ni especificaciones, respecto de las causas por las que puede conceder el indulto el Presidente de la República, es así que han existido varias razones invocadas en la petición de indulto y que han sido acogidas, tales como la justeza de la pena o la negligencia en la defensa de la ppl, por lo tanto, la argumentación de la petición puede sustentarse axiológicamente en la persecución de justicia.

Los motivos de la petición no deben interpelar únicamente al buen juicio de la autoridad que concede el indulto, debe acreditarse su existencia real a través de medios probatorios, por ejemplo, si se alega la existencia de una enfermedad crónica, debe agregarse una certificación médica oficial que acredite que el posible beneficiario padece tal situación.

c.       Declaraciones: Si bien la petición puede realizarla un tercero, es el posible beneficiario quien debe declarar por sí mismo, su arrepentimiento por los actos cometidos y las disculpas a las víctimas del delito, así lo determina el Decreto Ejecutivo 861, no obstante, ante la imposibilidad absoluta de estas declaraciones, debe imperar el principio pro homine y presumirse que esta declaración ha sido efectuada.

Esta declaración no es necesaria cuando el indulto se lo extiende de oficio.

d.      Anexos.- Además de la documentación que permita acreditar los motivos de la petición, debe agregarse estrictamente los siguientes documentos:
·         Copia certificada de la sentencia condenatoria ejecutoriada impuesta en contra del posible beneficiario.
·         Certificado de no estar sentenciado o tener causas pendientes de sentencia por la comisión de otros delitos.
En caso de indulto de oficio, esta documentación la debe facilitar el  Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Análisis

El análisis de la petición le corresponde al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, esta entidad revisará que la documentación que debe contener la petición se encuentre completa, en cuyo caso solicitará al Director del Centro de Rehabilitación Social donde se encuentre privado de la libertad el posible beneficiario, un informe disciplinario del mismo.

Si existieran víctimas identificadas, el Ministerio en mención les informará sobre el petitorio, respecto del cual pueden emitir un pronunciamiento, cuyo carácter no es vinculante.

El Ministerio puede agregar documentación a su análisis a fin de fundamentarlo debidamente y corroborar la existencia de los argumentos de la petición, dicho informe contendrá recomendaciones acerca de la procedencia del indulto, mismo que no tiene el carácter vinculante para el Presidente de la República.

            Decisión

Es deber del Presidente de la República analizar todo el procedimiento, a fin de verificar que la recomendación contenida en el  informe del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos se encuentre debidamente sustentada, caso contrario puede tomar una decisión diversa a la misma.

Si el Presidente de la República decide conceder el indulto, lo hará mediante una de las formas, expuestas anteriormente.

Si el indulto fuese rechazado, el posible beneficiario podrá presentar una nueva solicitud un año después de haberse tomado la decisión.

Aspectos adicionales

A pesar de la antigüedad y consiguiente anacronismo de la Ley de Gracia, ésta se mantiene vigente, situación que por jerarquía normativa debe ser considerada.

El procedimiento previsto en la Ley de Gracia agrega que el Presidente de la República debe contar con el criterio judicial[8], particularidad que no se encuentra prevista en el Decreto Ejecutivo 861, por lo que salta la duda si dicha omisión sería causa de anulación del procedimiento de indulto.

2.     Ante la Asamblea Nacional.

El numeral 13 del artículo 120 de la Constitución de la República establece la potestad de la Asamblea Nacional para otorgar el indulto por razones humanitarias, para el efecto se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. Idéntica disposición se encuentra establecida en el numeral 13 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

A efectos de la aplicación del indulto, Asamblea Nacional ha expedido el Reglamento para la admisión y tramitación de las solicitudes de indulto dirigidas a la Asamblea Nacional, publicada en Registro Oficial Suplemento Nro. 511 de 29 de mayo de 2015, así como la Resolución para el indulto a enfermos en etapa terminal sentenciados penalmente, publicada en Registro Oficial Suplemento 343 de 22 de mayo de 2008.

El procedimiento igualmente contiene diversas etapas, que en lo sustancial son semejantes al trámite que se sigue ante el Presidente de la República.

En lo formal, la autoridad ante la que debe dirigirse la petición es al Presidente/a de la Asamblea Nacional, quien la remite al Consejo de Administración Legislativa.

El Consejo de Administración Legislativa se encarga de revisar que la petición se encuentre debidamente sustentada y cuente con la documentación de respaldo, verificado lo cual, puede  admitir a trámite la petición, remitiendo el expediente a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, caso contrario notifica al peticionario la Resolución que contenga la negativa.

La Comisión mentada, avoca conocimiento del expediente y procede con la emisión de un informe favorable o desfavorable, además tiene la potestad de solicitar más documentación relacionada con la petición del indulto e inclusive realizar visitas in situ para verificar la situación de la ppl.

Si el informe fuera favorable, éste se lo remite al Presidente/a de la Asamblea Nacional para ser incorporado como punto del orden del día de una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, el mismo que podrá conceder el indulto con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, en cuyo caso la Resolución debe ser notificada a las autoridades pertinentes para su inmediata ejecución.

Si el informe fuera desfavorable, la Comisión ordenará el archivo del trámite y no podrá ser requerido nuevamente sino hasta después de transcurrido un año de la Resolución final.

PROHIBICIÓN E IMPROCEDENCIA DEL INDULTO

El artículo 3 de la Ley de Gracia establece que se prohíbe ejercer este derecho[9] en favor de los que delinquieren por orden de algún órgano de la Función Ejecutiva, o contra la Hacienda Pública.

El numeral 13 del artículo 120 dela Constitución establece que el indulto no  se concederá por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia.

Excepción: El Decreto Ejecutivo 861, establece que a pesar de las prohibiciones citadas puede considerarse como posibles beneficiados (del indulto) en caso de poseer una enfermedad catastrófica o terminal debidamente comprobada.

Esta excepción es altamente discutible ya que la prohibición es de rango Constitucional, norma que no contempla ni habilita excepciones a nivel reglamentario –de potestad del Presidente de la República-, sino de orden legal –de potestad de la Asamblea Nacional-, en tanto que el principio pro homine previsto en el artículo 84 de la Constitución tornaría procedente la aplicación del reglamento en mención.

 La prohibición de conceder el indulto recae sobre las autoridades que tienen la potestad para otorgarlo, en tanto que la improcedencia se relaciona con la falta cumplimiento de los requisitos formales que requiere toda petición.

CASOS

En Ecuador se han dado una serie de casos de indulto, tanto en sede Ejecutiva como parlamentaria, esta potestad, se la viene ejerciendo constantemente y por diversas causas, es así que citaré algunos casos observando los diversos matices que se han tratado en este estudio.

Indulto Presidencial de oficio

El señor F.P.A.L fue condenado a una pena privativa de libertad de 3 años impuesta por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha por encontrarlo autor del Delito de incitación a la rebelión de la fuerza pública, tipificado y sancionado en el artículo 146 del Código Penal. El Presidente de la República, de oficio, concedió el indulto consistente en el perdón de la pena.  (Registro Oficial No. 701 de 29 de febrero de 2016)

            Indulto Presidencial bajo petición de un tercero

El señor M.A.E.Y fue condenado con una pena privativa de libertad de 12 años de reclusión mayor por encontrarlo responsable del asesinato de su conviviente. La madre de la ppl  solicitó el indulto, justificando que padecía de trastorno depresivo grave, trastorno mental y de comportamiento, hemiparesia izquierda, incontinencia de esfínteres y signos de epilepsia. Luego del trámite correspondiente recibió el indulto consistente en perdón de la pena. (Registro Oficial Nro. 843 de 19 de septiembre de 2016)

Indulto de la Asamblea Nacional

El ciudadano J.D.B acreditó los siguientes diagnósticos: insuficiencia cardiaca –clase funcional IV/V, arritmia completa por fibrilación auricular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica– hipertensión pulmonar, e insuficiencia respiratoria aguda, arritmia por fibrilación auricular[10].

La Asamblea Nacional, luego del trámite pertinente aprobó el indulto en favor del ciudadano de nacionalidad española, el indulto de su pena privativa de libertad de 8 años de reclusión menor ordinaria. (Registro Oficial No. 696 de 04 de mayo de 2012)




[1] Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo XV, Impo-Insa. Jefes de redacción Manuel Ossorio y Florit. Argentina. 1982. Pág. 589.
[2] Ibid, pág 590.
[3] La Constitución de 1979 otorgaba esta competencia a la Cámara de Representantes, que ejercía el poder legislativo.
[4] Artículo 1 de la Ley de Gracia, publicada en Registro Oficial 183 de 30 de septiembre de 1976.
[5] Establecida en el numeral 15 del artículo  12 del Código Orgánico Integral Penal..
[6] Ibíd, artículo 60.
[7] En la actualidad el Ministerio de Gobierno es una cartera de Estado distinta del Ministerio de Justicia, sin embargo, esta última conserva la competencia indicada.
[8] Artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Gracia.
[9] Nótese que la Ley de Gracia no diferencia entre el derecho y atribución del Presidente de la República sobre el indulto.
[10] http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=171926

jueves, 29 de diciembre de 2016

APROXIMACIONES AL ESTUDIO DEL CODIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS (COGEP): ÁMBITO DE APLICACIÓN, VIGENCIA, INTERPRETACIÓN, REFORMAS.

Por: Abg. Damián Armijos Álvarez[1]
www.damianarmijosalvarez.blogpot.com
damianarmijos_lex@hotmail.com


El Código Orgánico General de Procesos (COGEP) será la ley que por excelencia regirá todos los procesos en los que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, es decir es la norma procesal que todo administrador de justicia deberá tener presente para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

El inciso segundo del artículo 6 del Código Civil permite que las leyes promulgadas en el Registro Oficial puedan designar un plazo especial para su vigencia a partir de su promulgación, en este sentido, el COGEP fue publicado en el Registro Oficial el día 22 de Mayo del 2015 pero se aplicará en su totalidad a partir del 22 de mayo del 2016, con la salvedad de ciertas normas conforme se explicará en las líneas subsiguientes.

En esta visión general de lo que comprende el COGEP y su vigencia, considero pertinente resaltar tres cuestiones: las materias que regula; normativa vigente (fuera del plazo especial); y, las leyes reformadas:

1. Materias que regula / ámbito de aplicación.- Al COGEP se lo viene promocionando como la norma que regula todos los procesos en materias no penales, sin embargo el artículo 1 de dicho código establece que el ámbito de aplicación del COGEP exceptúa lo constitucional, electoral y penal. Es decir que en los procesos sobre acciones constitucionales los jueces deberán observar lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de la misma forma se deberán observar los procesos especiales previstos en la Ley Electoral y en el Código Orgánico Integral Penal.


Sin embargo el COGEP se aplicará como norma subsidiaria en las materias que exceptúa su aplicación general, en lo que sea aplicable según la naturaleza del proceso.

En este punto, es preciso considerar además que existen leyes especiales que regulan ciertos procedimientos que pese a la existencia del COGEP deberán aplicarse en la forma prevista por la ley especial, por ejemplo: La LOSEP y su Reglamento General establecen procedimientos que debe observar la administración pública para instaurar sumarios administrativos; lo propio ocurre con la Ley de Educación Intercultural y su Reglamento General, etc. Estos cuerpos normativos que establecen reglas especiales de procedimiento seguirán aplicándose en la forma como se lo viene haciendo considerando al COGEP como norma subsidiaria.

2.- Normas  vigentes.- Como excepción al plazo en el que entrará en vigencia el COGEP, se establece en la disposición final segunda de este código, ciertas normas que regirán a partir de su promulgación en el Registro Oficial, es decir, aquellas que se aplican a partir del  22 de mayo del 2015, y se refieren a lo siguiente:

a)      Las que regulan copias certificadas.- El artículo 115 del COGEP establece que el expediente judicial se registrará electrónicamente, en concordancia con esta disposición el artículo 118 establece que  el acceso a los procesos es público, por lo que cualquier persona puede solicitar copias del proceso, en cuyo caso las copias se conferirán siempre en medio electrónico, salvo que se acredite la necesidad de que sean entregas en documento físico. Se exceptúan del acceso público a la documentación, los  procesos de carácter reservado y las grabaciones, a las que solo pueden acceder y las partes.

Para el efecto el Consejo de la Judicatura implementó el Formulario (F.05) cuyo enlace se agrega a continuación:


b)      Las que regulan el registro de contratos de inquilinato.-  El COGEP reforma varias leyes, entre éstas la Ley de Inquilinato, estableciendo una reforma al artículo 29 que se refiere al registro de contratos de inquilinato, determinando que los contratos cuyo canon de arrendamiento exceda de un salario básico unificado del trabajador en general mensual, se celebrarán por escrito, debiendo el arrendador registrarlos, dentro de los treinta días siguientes a su celebración, ante un notario o notaria, los mismos que llevarán un archivo numerado y cronológico de los contratos registrados, bajo la responsabilidad personal de los mismos.

c)      Las que regulan la citación.- Se encuentra regulado entre el artículo 54 y 64 del COGEP, de lo que se puede deducir que la citación varía según las siguientes reglas:

1.      Disposiciones comunes.- Toda citación deberá practicarse en persona y deberá hacer saber el contenido de la demanda, o de las diligencias preparatorias y de todas las providencias recaídas en ella, así como de cualquier otra información que a juicio de la o del juzgador sea necesaria para que las partes estén en condiciones de ejercer sus derechos.

Para el caso de desconocimiento del domicilio del demandado sea persona natural o jurídica, la citación podrá practicarse mediante:
·          Tres publicaciones de un extracto de la demanda en fechas distintas por la prensa local o a falta de ésta, nacional.
·         Tres mensajes diarios de un extracto de la demanda en una radiodifusora local durante tres días distintos en un horario de 6h00 a 22h00.

Para que procedan estas formas de citación es necesario deducir una declaración bajo juramento ante el juzgador del proceso o mediante deprecatorio a la o al juzgador del domicilio o residencia de la o del actor, de que es imposible determinar la individualidad, el domicilio o residencia de la o del demandado y que se han efectuado todas las diligencias necesarias, para tratar de ubicar a quien se pide citar de esta forma, como acudir a los registros de público acceso. En este caso se debe adjuntar una certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores que indique si la persona salió del país o consta en el registro consular. Si se verifica que es así, se citará mediante carteles fijados en el consulado en el que se encuentra registrado.  
Transcurridos veinte días desde la última publicación o transmisión del mensaje radial comenzará el término para contestar la demanda.         

Si se acredita que la parte actora, su apoderado o ambos, faltaron a la verdad con respecto a la dirección domiciliaria o residencia de la o del demandado o respecto al hecho de no haber sido posible determinar su individualidad, se remitirá copia de lo actuado al fiscal respectivo, para la investigación.

2.      Citación a Personas Jurídicas y Entidades Públicas:
2.1  Personas Jurídicas de derecho privado.- Deben ser citadas a través de su representante legal personalmente en cualquier día, lugar y hora. En caso de no encontrarse deberá ser citado por medio de tres boletas entregadas en días distintos a sus dependientes o empleados, para lo cual el citador deberá constatar que la empresa se encuentra activa.
Es importante que el Abogado tenga en cuenta que para la validez de la citación se constate el estado “Activo” de la empresa, mismo que lo puede consultar ingresando el nombre de la compañía en el siguiente enlace:


2.2  Organismos e instituciones estatales.- Las citaciones a los organismos e instituciones del Estado así como a los funcionarios de éstas por asuntos inherentes a su empleo debe efectuarse ante la dependencia más cercana al lugar del proceso.
En estos procesos debe observarse además las disposiciones establecidas en los artículos 6 y 7 de la Ley de la Procuraduría General del Estado.

3.      Personas Naturales:
3.1  Según el domicilio o residencia.- El artículo 57 del COGEP regula la “Citación a las y los ecuatorianos en el exterior”, este tipo de disposición nos conduce a interpretar que habrán otras reglas para citar a extranjeros, sin embargo esto pasa por un error legislativo ya que los ecuatorianos y extranjeros deberán ser citados observando las mismas reglas:
·         Ecuatorianos (o extranjeros) en territorio nacional.- Si no se encuentra personalmente al demandado, se le citará por medio de tres boletas que se entregarán en días distintos en su domicilio o residencia a cualquier persona de la familia. Si no se encuentra a persona alguna a quien entregarlas se fijarán en la puerta del lugar de habitación.

·         Ecuatorianos (o extranjeros) en el exterior.- Cuando se desconoce su domicilio debe efectuarse a través de exhorto a las autoridades consulares.

Como complemento de esta regla tenemos lo establecido por el artículo 144 del Código Orgánico de la Función Judicial, sobre los exhortos.

3.2  Condición de herederos.- A los herederos conocidos se citará   personalmente o por boleta. A las o los herederos desconocidos cuya residencia sea imposible determinar se citará a través de uno de los medios de comunicación, en la forma anteriormente mencionada.
3.3  Citación a comunidades.- Cuando se demande a comunidades indígenas, afroecuatorianas, montubias y campesinas no organizadas como persona jurídica, la citación se realizará a tres miembros de la comunidad que sean reconocidos como sus dirigentes y por carteles que se fijarán en los lugares más frecuentados.      
Además de las copias en idioma castellano, se entregará copias en el idioma de la comunidad en la que se realiza la diligencia.
3.4  Citación a agentes diplomáticos.- La citación a las o los agentes diplomáticos extranjeros, en los asuntos contenciosos que le corresponde conocer a la Corte Nacional de Justicia, se hará a través del ministerio o la institución encargada de las relaciones exteriores mediante oficio.      
Para constancia de haberse practicado la citación, se agregará a los autos la nota en la que el ministerio o la institución comunique haber remitido el oficio con la fecha de recepción del mismo.

d)     Las que regulan períodos de abandono.- El COGEP al regular el abandono, establece en el artículo 245 textualmente: “Procedencia.- La o el juzgador declarará el abandono del proceso en primera instancia, segunda instancia o casación cuando todas las partes que figuran en el proceso hayan cesado en su prosecución durante el término de ochenta días, contados desde la fecha de la última providencia recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos.”

Esta norma ha sido objeto de varias observaciones, interpretaciones y debate en el transcurso que lleva vigente, de lo cual podemos rescatar y resumir lo siguiente:

El abandono del proceso por 80 días, rige a partir del 22 de mayo del 2015, únicamente  son aplicables los plazos que regulan este período, mas no sus efectos. A criterio del Consejo de la Judicatura los efectos del abandono regirán desde el 22 de mayo del 2016, el artículo 249 del COGEP regula los efectos del abandono de la siguiente forma:

Efectos del abandono. Declarado el abandono, se cancelarán las providencias preventivas que se hayan ordenado en el proceso.     
Si se declara el abandono de la primera instancia, no podrá interponerse nueva demanda.         
Si se declara el abandono en segunda instancia o en el recurso extraordinario de casación, se tendrá por desistida la apelación o dicho recurso y por firme la resolución recurrida, y se devolverán las actuaciones al tribunal o a la judicatura de donde procedieron
.”

El término para declarar el abandono se cuenta desde la última notificación o actuación procesal, a partir del cual las partes hayan cesado su impulso, siempre que la etapa procesal requiera del mismo.

El abandono puede ser declarado de oficio o a petición de parte.

Documentos considerados para esta opinión:
·         Resolución 07-2015 de la Corte Nacional de Justicia publicada en Registro Oficial N° 539 de 9 de julio del 2015, sobre el abandono de los procesos en materias no penales, disponible en el siguiente enlace:

·         Observaciones e inquietudes del Colegio de Abogados de Pichincha a las normas que regulan el período de abandono en el COGEP, documento disponible en el siguiente enlace:

·         Respuesta del Consejo Nacional de la Judicatura al Colegio de Abogados de Pichincha, disponible en el siguiente enlace:


3.- Reformas legales.- El COGEP reformó otras leyes y esta reforma rige a partir del 22 de mayo del 2015, las leyes reformadas son  el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Notarial y la Ley de Arbitraje y Mediación, las reformas se explican conforme al siguiente cuadro:

DISPOSICIONES REFORMATORIAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIN JUDICIAL

ANTERIOR

DISPOSICIÓN DEL COGEP

CODIGO ORGÀNICO DE LA FUNCIÒN JUDICIAL
ACTUAL

1
Art. 13.- PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.- Las actuaciones o diligencias judiciales serán públicas, salvo los casos en que la ley prescriba que sean reservadas. De acuerdo a las circunstancias de cada causa, los miembros de los tribunales colegiados podrán decidir que las deliberaciones para la adopción de resoluciones se lleven a cabo privadamente.

No podrán realizase grabaciones en video de las actuaciones judiciales.

Se prohíbe a las juezas y a los jueces dar trámite a informaciones sumarias o diligencias previas que atenten a la honra y dignidad de las personas o a su intimidad.
DISPOSICION REFORMATORIA SEGUNDA.- Refórmense en el Código Orgánico de la Función Judicial, las siguientes disposiciones:

1. Sustitúyase el segundo inciso del artículo 13 por el siguiente:

"Solo podrán realizarse grabaciones oficiales de diligencias y audiencias que permitan la constancia procesal de las mismas. En ningún caso las audiencias podrán ser grabadas por medios de comunicación social".
Art. 13.- PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.- Las actuaciones o diligencias judiciales serán públicas, salvo los casos en que la ley prescriba que sean reservadas. De acuerdo a las circunstancias de cada causa, los miembros de los tribunales colegiados podrán decidir que las deliberaciones para la adopción de resoluciones se lleven a cabo privadamente.

Solo podrán realizarse grabaciones oficiales de diligencias y audiencias que permitan la constancia procesal de las mismas. En ningún caso las audiencias podrán ser grabadas por medios de comunicación social.

Se prohíbe a las juezas y a los jueces dar trámite a informaciones sumarias o diligencias previas que atenten a la honra y dignidad de las personas o a su intimidad.


2
Art. 68.- BECA.- Los candidatos que ingresen a la formación inicial gozarán de una beca otorgada por la Función Judicial, previo la firma del compromiso de dedicación a tiempo completo y exclusivo y la rendición de garantía de reembolso del monto de la beca que compense los gastos en que se hubiere incurrido para su formación inicial en caso de no aprobar por negligencia, abandonar sin justa causa o desistir del curso.

Esta beca comprenderá, además de la remuneración correspondiente a la categoría 1, el costo de la colegiatura, la adquisición de libros, y en los casos que corresponda, una suma de dinero para gastos de viaje e instalación.
DISPOSICION REFORMATORIA SEGUNDA.- Refórmense en el Código Orgánico de la Función Judicial, las siguientes disposiciones:

2. Sustitúyase el segundo inciso del artículo 68 por el siguiente:

"El Consejo de la Judicatura determinará los rubros que comprende la beca, entre los cuales se incluirá, además de los montos de subsistencia, el costo de la colegiatura, la adquisición de libros, y en caso que corresponda, gastos de viaje e instalación".
Art. 68.- BECA.- Los candidatos que ingresen a la formación inicial gozarán de una beca otorgada por la Función Judicial, previo la firma del compromiso de dedicación a tiempo completo y exclusivo y la rendición de garantía de reembolso del monto de la beca que compense los gastos en que se hubiere incurrido para su formación inicial en caso de no aprobar por negligencia, abandonar sin justa causa o desistir del curso.

El Consejo de la Judicatura determinará los rubros que comprende la beca, entre los cuales se incluirá, además de los montos de subsistencia, el costo de la colegiatura, la adquisición de libros, y en caso que corresponda, gastos de viaje e instalación.

3
Art. 131.- FACULTADES CORRECTIVAS DE LAS JUEZAS Y JUECES.- A fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las juezas y jueces deben: 1. Devolver los escritos ofensivos o injuriosos, sea que las injurias vayan dirigidas contra la jueza o juez, servidora o servidor del tribunal o juzgado, la contraparte o su defensora o defensor, sin perjuicio de la sanción que pudiere imponer el Consejo de la Judicatura y lo dispuesto por el Código Penal. Para devolver el escrito e imponer la sanción, el tribunal, jueza o juez ordenará que la secretaria o el secretario deje copia de la fe de presentación en el expediente y archive la copia del escrito. Si éste contuviere la interposición de un recurso, una petición de aclaración, ampliación, reforma o revocatoria u otra semejante, dispondrá que la actuaria o el actuario deje copia de la parte que contiene la petición, y proveerá a ella. De la providencia al respecto no habrá recurso alguno. El procedimiento reiterado de injuria por parte de la defensora o defensor obliga a la jueza o juez a solicitar al órgano correspondiente la sanción correspondiente; 2. Expulsar de las actuaciones judiciales a quienes alteren su desarrollo o atenten contra su legal evolución. Si se trata de una de las partes, se le impondrá además los apercibimientos que hubieren sido aplicables de no haber asistido a la actuación. Estas medidas se aplicarán sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar si el hecho constituyera contravención o delito; 3. Declarar en las sentencias y providencias respectivas, la incorrección en la tramitación o el error inexcusable de servidoras y servidores judiciales, y comunicar al Consejo de la Judicatura a fin de que dicho órgano sustancie el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones; 4. Solicitar a la dirección regional respectiva del Consejo de la Judicatura que sancione a las abogadas y a los abogados que incurrieren en las inconductas descritas en este Código. A este efecto, acompañarán informe razonado; y, 5. Aplicar las demás sanciones que este Código y otras normas establezcan.
DISPOSICION REFORMATORIA SEGUNDA.- Refórmense en el Código Orgánico de la Función Judicial, las siguientes disposiciones:
3. Sustitúyase el artículo 131 por el siguiente:

Art. 131.- Facultades correctivas de las juezas y jueces.- A fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las juezas y jueces deben:

1. Devolver los escritos ofensivos o injuriosos, sea que las injurias vayan dirigidas contra la jueza o juez, servidora o servidor del tribunal o juzgado, la contraparte o su defensora o defensor, sin perjuicio de la sanción que pudiere imponer y lo dispuesto por el Código Orgánico Integral Penal.

Para devolver el escrito e imponer la sanción, el tribunal, jueza o juez ordenará que la secretaria o el secretario deje copia de la fe de presentación en el expediente y archive la copia del escrito. Si éste contuviere la interposición de un recurso, una petición de aclaración, ampliación, reforma o revocatoria u otra semejante, dispondrá que la actuaría o el actuario deje copia de la parte que contiene la petición, y proveerá a ella.

El procedimiento reiterado de injuria por parte de la defensora o defensor obliga a la jueza o juez a aplicar la sanción correspondiente;

2. Expulsar de las actuaciones judiciales a quienes alteren su desarrollo o atenten contra su legal evolución. Si se trata de una de las partes, se le impondrá además los apercibimientos que hubieren sido aplicables de no haber asistido a la actuación. Estas medidas se aplicarán sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar si el hecho constituyera contravención o delito;

3. Declarar en las sentencias y providencias respectivas, la incorrección en la tramitación o el error inexcusable de servidoras y servidores judiciales, y comunicar al Consejo de la Judicatura a fin de que dicho órgano sustancie el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones;

4. Sancionar a las y a los defensores privados que no comparezcan a cualquier audiencia judicial, con multa de hasta dos salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor; y,

5. Aplicar las demás sanciones que este Código y otras normas establezcan".

De la providencia que imponga la sanción se podrá recurrir en la forma prevista en la ley. La interposición del recurso de apelación solo suspenderá la ejecución de la sanción y no impedirá el trámite y resolución de la causa principal."

Art. 131.- FACULTADES CORRECTIVAS DE LAS JUEZAS Y JUECES.- A fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las juezas y jueces deben:

1. Devolver los escritos ofensivos o injuriosos, sea que las injurias vayan dirigidas contra la jueza o juez, servidora o servidor del tribunal o juzgado, la contraparte o su defensora o defensor, sin perjuicio de la sanción que pudiere imponer y lo dispuesto por el Código Orgánico Integral Penal.

Para devolver el escrito e imponer la sanción, el tribunal, jueza o juez ordenará que la secretaria o el secretario deje copia de la fe de presentación en el expediente y archive la copia del escrito. Si éste contuviere la interposición de un recurso, una petición de aclaración, ampliación, reforma o revocatoria u otra semejante, dispondrá que la actuaria o el actuario deje copia de la parte que contiene la petición, y proveerá a ella.

El procedimiento reiterado de injuria por parte de la defensora o defensor obliga a la jueza o juez a aplicar la sanción correspondiente;

2. Expulsar de las actuaciones judiciales a quienes alteren su desarrollo o atenten contra su legal evolución. Si se trata de una de las partes, se le impondrá además los apercibimientos que hubieren sido aplicables de no haber asistido a la actuación. Estas medidas se aplicarán sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar si el hecho constituyera contravención o delito;

3. Declarar en las sentencias y providencias respectivas, la incorrección en la tramitación o el error inexcusable de servidoras y servidores judiciales, y comunicar al Consejo de la Judicatura a fin de que dicho órgano sustancie el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones;

4. Sancionar a las y a los defensores privados que no comparezcan a cualquier audiencia judicial, con multa de hasta dos salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor; y,

5. Aplicar las demás sanciones que este Código y otras normas establezcan".

De la providencia que imponga la sanción se podrá recurrir en la forma prevista en la ley. La interposición del recurso de apelación solo suspenderá la ejecución de la sanción y no impedirá el trámite y resolución de la causa principal.

4
Art. 201.- FUNCIONES.- A las conjuezas y a los conjueces les corresponde:

2. Integrar, por sorteo, el Tribunal de tres miembros para calificar, bajo su responsabilidad, la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos que corresponda conocer a la sala especializada a la cual se le asigne y para conocer y resolver las causas cuando sea recusada la sala por falta de despacho;
DISPOSICION REFORMATORIA SEGUNDA.- Refórmense en el Código Orgánico de la Función Judicial, las siguientes disposiciones:

4. Sustitúyase el numeral 2 del artículo 201 por el siguiente:

"2. Calificar, bajo su responsabilidad, la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos que corresponda conocer a la sala a la cual se le asigne e integrar por sorteo el tribunal de tres miembros para conocer y resolver las causas cuando sea recusada la sala por falta de despacho".



Art. 201.- FUNCIONES.- A las conjuezas y a los conjueces les corresponde:

2. Calificar, bajo su responsabilidad, la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos que corresponda conocer a la sala a la cual se le asigne e integrar por sorteo el tribunal de tres miembros para conocer y resolver las causas cuando sea recusada la sala por falta de despacho;

5

Art. 250.- REQUISITOS PARA SER JUEZA O JUEZ DE PAZ.- Los requisitos para ser jueza o juez de paz son los siguientes: 1. Ser mayor de edad y hallarse en goce de los derechos de participación política; 2. Tener como mínimo instrucción primaria completa; 3. Hablar los idiomas predominantes en la parroquia; 4. Tener domicilio permanente en la parroquia, comunidad, barrio, recinto, anejo o vecindad donde se va a ejercer el cargo, con una residencia ininterrumpida no menor a tres años; y, 5. Gozar del respeto, consideración y apoyo de la parroquia, comunidad, barrio, recinto, anejo o vecindad en que va a ejercer el cargo. Para ser jueza o juez de paz no se requiere ser profesional en derecho. La ley de la materia establecerá el sistema de elección y designación de las juezas y jueces de paz.

DISPOSICION REFORMATORIA SEGUNDA.- Refórmense en el Código Orgánico de la Función Judicial, las siguientes disposiciones:

5. Sustitúyase en el último inciso del artículo 250 la frase "La ley de la materia" por "El Consejo de la Judicatura".


Art. 250.- REQUISITOS PARA SER JUEZA O JUEZ DE PAZ.- Los requisitos para ser jueza o juez de paz son los siguientes:

1. Ser mayor de edad y hallarse en goce de los derechos de participación política;
2. Tener como mínimo instrucción primaria completa;
3. Hablar los idiomas predominantes en la parroquia;
4. Tener domicilio permanente en la parroquia, comunidad, barrio, recinto, anejo o vecindad donde se va a ejercer el cargo, con una residencia ininterrumpida no menor a tres años; y,
5. Gozar del respeto, consideración y apoyo de la parroquia, comunidad, barrio, recinto, anejo o vecindad en que va a ejercer el cargo.

Para ser jueza o juez de paz no se requiere ser profesional en derecho.

"El Consejo de la Judicatura" establecerá el sistema de elección y designación de las juezas y jueces de paz.

6

Art. 264.- FUNCIONES.- Al Pleno le corresponde:

9. Fijar y actualizar:

a) las tasas notariales que serán pagadas por los usuarios de los servicios notariales;

b) las tasas por servicios administrativos de la Función Judicial;

c) el monto de las tasas y establecer las tablas respectivas por informes periciales, experticias y demás instrumentos similares necesarios en la tramitación de causas, así como organizar el sistema pericial a nivel nacional. El monto que se cobren por estas diligencias judiciales o procesales podrán ser canceladas por el Consejo de la Judicatura en la forma que establezca la resolución que para el efecto se dictará por esta entidad; y sistematizar un registro de los peritos autorizados y reconocidos como idóneos, cuidando que estos sean debidamente calificados y acrediten experiencia y profesionalización suficiente.

DISPOSICION REFORMATORIA SEGUNDA.- Refórmense en el Código Orgánico de la Función Judicial, las siguientes disposiciones:

6. Añádase al final del numeral 9 del artículo 264 como literal d) el siguiente:

"d) el monto de costas procesales relativos a los gastos del Estado en cada causa".


Art. 264.- FUNCIONES.- Al Pleno le corresponde:

9. Fijar y actualizar:

a) las tasas notariales que serán pagadas por los usuarios de los servicios notariales;

b) las tasas por servicios administrativos de la Función Judicial;

c) el monto de las tasas y establecer las tablas respectivas por informes periciales, experticias y demás instrumentos similares necesarios en la tramitación de causas, así como organizar el sistema pericial a nivel nacional. El monto que se cobren por estas diligencias judiciales o procesales podrán ser canceladas por el Consejo de la Judicatura en la forma que establezca la resolución que para el efecto se dictará por esta entidad; y sistematizar un registro de los peritos autorizados y reconocidos como idóneos, cuidando que estos sean debidamente calificados y acrediten experiencia y profesionalización suficiente; y,
d) el monto de costas procesales relativos a los gastos del Estado en cada causa.

7

Art. 264.- FUNCIONES.- Al Pleno le corresponde:

(Este artículo establece 15 numerales.)


DISPOSICION REFORMATORIA SEGUNDA.- Refórmense en el Código Orgánico de la Función Judicial, las siguientes disposiciones:

7. Añádase luego del numeral 15) del artículo 264 el siguiente:

"16. Dictar el instructivo para la fijación del monto de la caución a aplicarse en el recurso de casación."


Art. 264.- FUNCIONES.- Al Pleno le corresponde:

16. Dictar el instructivo para la fijación del monto de la caución a aplicarse en el recurso de casación.

8

Art. 280.- FUNCIONES.- A la Directora o al Director General le corresponde:

6. Autorizar los procesos de adquisición o enajenación de bienes, arrendamiento, ejecución de obras o prestación de servicios, incluidos los de consultoría, en los montos que le asigne el Pleno;

DISPOSICION REFORMATORIA SEGUNDA.- Refórmense en el Código Orgánico de la Función Judicial, las siguientes disposiciones:

8. Sustitúyase el numeral 6 del artículo 280 por el siguiente:

"6. Fijar las remuneraciones para las servidoras y servidores de las carreras judicial, fiscal y defensoría pública, así como para los servidores de los órganos auxiliares, en las diferentes categorías, y de manera equivalente;".

Art. 280.- FUNCIONES.- A la Directora o al Director General le corresponde:

6. Fijar las remuneraciones para las servidoras y servidores de las carreras judicial, fiscal y defensoría pública, así como para los servidores de los órganos auxiliares, en las diferentes categorías, y de manera equivalente;



9

Art. 296.- NOTARIADO.- El Notariado es un órgano auxiliar de la Función Judicial y el servicio notarial consiste en el desempeño de una función pública que la realizan las notarias y los notarios, quienes son funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los actos, contratos y documentos determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los hechos que ocurran en su presencia.


DISPOSICION REFORMATORIA SEGUNDA.- Refórmense en el Código Orgánico de la Función Judicial, las siguientes disposiciones:

9. Agréguese a continuación del primer inciso del artículo 296 el siguiente texto:

"Así como intervenir en ejercicio de la fe pública de la que se encuentran investidos, en los asuntos no contenciosos determinados en la Ley, para autorizar, conceder, aprobar, declarar, extinguir, cancelar y solemnizar situaciones jurídicas respecto de las que se encuentren expresamente facultados en el Código Orgánico General de Procesos, la Ley Notarial y otros cuerpos legales."



Art. 296.- NOTARIADO.- El Notariado es un órgano auxiliar de la Función Judicial y el servicio notarial consiste en el desempeño de una función pública que la realizan las notarias y los notarios, quienes son funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los actos, contratos y documentos determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los hechos que ocurran en su presencia. Así como intervenir en ejercicio de la fe pública de la que se encuentran investidos, en los asuntos no contenciosos determinados en la Ley, para autorizar, conceder, aprobar, declarar, extinguir, cancelar y solemnizar situaciones jurídicas respecto de las que se encuentren expresamente facultados en el Código Orgánico General de Procesos, la Ley Notarial y otros cuerpos legales.

10

No existía el artículo 301 A

DISPOSICION REFORMATORIA SEGUNDA.- Refórmense en el Código Orgánico de la Función Judicial, las siguientes disposiciones:

10. Agréguese a continuación del artículo 301 un artículo con el siguiente texto:

"Art. 301 A.- Notarias y notarios suplentes.- Cada notaria o notario titular contará con una o un notario suplente, quien debe reunir los mismos requisitos que el titular y lo reemplazará en casos de ausencia temporal. Para el efecto, la notaría o notario titular remitirá a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura el nombre de su notaria o notario suplente, que no podrá ser su cónyuge o conviviente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad ni primero de afinidad, y los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos. La falsedad de los documentos o información remitida ocasionará la destitución de la notaria o notario titular.

La notaria o notario titular será solidariamente responsable civil y administrativamente por las actuaciones de la notaria o notario suplente en el ejercicio de sus funciones.

En ningún caso, la notaria o notario suplente reemplazará al titular cuando la ausencia se deba por suspensión o destitución de la notaria o notario titular como consecuencia de una acción disciplinaria".


Art. 301 A.- Notarias y notarios suplentes.- Cada notaria o notario titular contará con una o un notario suplente, quien debe reunir los mismos requisitos que el titular y lo reemplazará en casos de ausencia temporal. Para el efecto, la notaría o notario titular remitirá a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura el nombre de su notaria o notario suplente, que no podrá ser su cónyuge o conviviente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad ni primero de afinidad, y los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos. La falsedad de los documentos o información remitida ocasionará la destitución de la notaria o notario titular.

La notaria o notario titular será solidariamente responsable civil y administrativamente por las actuaciones de la notaria o notario suplente en el ejercicio de sus funciones.

En ningún caso, la notaria o notario suplente reemplazará al titular cuando la ausencia se deba por suspensión o destitución de la notaria o notario titular como consecuencia de una acción disciplinaria.

11

Art. 318.- VENTA AL MARTILLO.- Los interesados o el depositario podrán solicitar a la jueza o juez de la causa la venta al martillo de los bienes muebles y papeles fiduciarios, que se encuentren bajo custodia de la depositaria o el depositario, siempre que su conservación fuere onerosa o estuviere sujeta a deterioros o a manifiesta y grave desvalorización. Se considerará conservación onerosa el costo del bodegaje determinado por el paso del tiempo, o el espacio ocupado en la bodega, en relación al avalúo comercial del bien. Asimismo, será considerada desvalorización manifiesta y grave, el avance de la tecnología que determine la pérdida acelerada del valor comercial del bien depositado. La jueza o juez oirá a las partes y, cerciorada o cerciorado de la realidad, podrá ordenar, previo el correspondiente avalúo la enajenación de los bienes al martillo; de esta providencia habrá únicamente recurso de apelación en efecto devolutivo, que se tramitará en cuaderno separado. El procedimiento correspondiente estará regulado por el instructivo que para el efecto, dicte el Consejo de la Judicatura.


DISPOSICION REFORMATORIA SEGUNDA.- Refórmense en el Código Orgánico de la Función Judicial, las siguientes disposiciones:

11. Sustitúyase el artículo 318 por el siguiente:

"Art. 318.- Solicitud de remate.- El depositario o los interesados podrán solicitar a la o el juzgador de la causa el remate de los bienes muebles y papeles fiduciarios que se encuentren bajo su custodia, siempre que su conservación sea onerosa o esté sujeta a deterioros o manifiesta y grave desvalorización.

Se considera conservación onerosa el costo del bodegaje determinado por el paso del tiempo, o el espacio ocupado en la bodega, en relación con el avalúo comercial del bien. Asimismo, es desvalorización manifiesta y grave el avance tecnológico que determine la pérdida acelerada del valor comercial del bien depositado.

La o el juzgador escuchará a las partes y al cerciorarse de la realidad, podrá ordenar, previo el correspondiente avalúo, el remate en línea correspondiente; de esta resolución habrá únicamente recurso de apelación en efecto no suspensivo que se tramitará en proceso separado".


Art. 318.- SOLICITUD DE REMATE.- El depositario o los interesados podrán solicitar a la o el juzgador de la causa el remate de los bienes muebles y papeles fiduciarios que se encuentren bajo su custodia, siempre que su conservación sea onerosa o esté sujeta a deterioros o manifiesta y grave desvalorización.

Se considera conservación onerosa el costo del bodegaje determinado por el paso del tiempo, o el espacio ocupado en la bodega, en relación con el avalúo comercial del bien. Asimismo, es desvalorización manifiesta y grave el avance tecnológico que determine la pérdida acelerada del valor comercial del bien depositado.

La o el juzgador escuchará a las partes y al cerciorarse de la realidad, podrá ordenar, previo el correspondiente avalúo, el remate en línea correspondiente; de esta resolución habrá únicamente recurso de apelación en efecto no suspensivo que se tramitará en proceso separado.

12

Art. 339.- DEBER DE REALIZAR LA ASISTENCIA LEGAL COMUNITARIA.- Los estudiantes egresados de las facultades de jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas, deberán realizar en forma obligatoria un año de servicio a la comunidad mediante la asistencia legal comunitaria en la Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, órganos jurisdiccionales, consultorios jurídicos gratuitos de las universidades o en los sectores rurales, urbano marginales o en los organismos seccionales que no cuenten con recursos para contratar abogados de planta, según el reglamento que al efecto dictará el Consejo de la Judicatura, servicio cuyo cumplimiento será un requisito para el ejercicio profesional.

DISPOSICION REFORMATORIA SEGUNDA.- Refórmense en el Código Orgánico de la Función Judicial, las siguientes disposiciones:

12. Sustitúyase el artículo 339 por el siguiente:

"Art. 339.- Obligación de realizar asistencia legal gratuita para la ciudadanía.- Los y las egresados de las carreras de derecho o ciencias jurídicas deberán realizar en forma obligatoria un año lectivo de asistencia legal gratuita para la ciudadanía en los organismos y dependencias que conforman el sector público; o, en las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que ejerzan funciones jurisdiccionales; la misma que siempre deberá guardar relación con la asistencia legal.

Este servicio para la ciudadanía será requisito para obtener el título profesional, según el reglamento que para el efecto dictará el Consejo de la Judicatura".


Art. 339.- OBLIGACION DE REALIZAR ASISTENCIA LEGAL GRATUITA PARA LA CIUDADANIA.- Los y las egresados de las carreras de derecho o ciencias jurídicas deberán realizar en forma obligatoria un año lectivo de asistencia legal gratuita para la ciudadanía en los organismos y dependencias que conforman el sector público; o, en las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que ejerzan funciones jurisdiccionales; la misma que siempre deberá guardar relación con la asistencia legal.

Este servicio para la ciudadanía será requisito para obtener el título profesional, según el reglamento que para el efecto dictará el Consejo de la Judicatura.

13

Art. 340.- NATURALEZA.- El año de asistencia legal comunitaria constituye un modo de restituir en parte a la sociedad ecuatoriana el beneficio de la educación superior recibida de ella y por constituir la abogacía una función social al servicio de la justicia y del derecho. Quienes realicen el año de asistencia legal comunitaria no adquieren por ello la calidad de servidores de la Función Judicial y no tendrán derecho a percibir sueldo alguno sino únicamente los derechos que fije el Consejo de la Judicatura. No podrán exigir ni percibir dinero, bienes o servicios de las personas que se hayan beneficiado con sus servicios; de comprobarse tal falta, conforme a la denuncia que presente el afectado ante la Dirección Regional respectiva, esta comunicará del particular al Consejo de la Judicatura, el cual procederá a suspender el período de práctica del egresado, lo cual implicará que no podrá obtener su certificado de aptitud profesional dentro de los siguientes dos años, en los cuales podrá volver a prestar estos servicios. De la decisión adoptada por el Consejo de la Judicatura se podrá interponer la correspondiente acción ante la jurisdicción contencioso administrativa.

DISPOSICION REFORMATORIA SEGUNDA.- Refórmense en el Código Orgánico de la Función Judicial, las siguientes disposiciones:

13. Sustitúyase el artículo 340 por el siguiente:

"Art. 340.- Naturaleza.- Por constituir la abogacía una función social al servicio de la justicia y del derecho, la asistencia legal gratuita para la ciudadanía constituye un modo de restituir a la sociedad ecuatoriana el beneficio de la educación superior recibida de ella.

Las y los egresados que cumplan la asistencia legal gratuita para la ciudadanía no adquieren la calidad de servidoras o servidores públicos ni relación de dependencia laboral; sin embargo, tendrán derecho a percibir una compensación económica, conforme con la tabla establecida en el reglamento respectivo, y que será financiada con presupuesto del Consejo de la Judicatura.

Se sujetarán a las prohibiciones y régimen disciplinario previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público o el Código Orgánico de la Función Judicial, según fuere el caso y en lo que les fuere aplicable, siendo la máxima sanción prevista, la suspensión por un año del servicio que están brindando. Transcurrido este tiempo podrá volver a prestar este servicio a la ciudadanía. En caso de reincidencia la suspensión será de dos años".


Art. 340.- NATURALEZA.- Por constituir la abogacía una función social al servicio de la justicia y del derecho, la asistencia legal gratuita para la ciudadanía constituye un modo de restituir a la sociedad ecuatoriana el beneficio de la educación superior recibida de ella.

Las y los egresados que cumplan la asistencia legal gratuita para la ciudadanía no adquieren la calidad de servidoras o servidores públicos ni relación de dependencia laboral; sin embargo, tendrán derecho a percibir una compensación económica, conforme con la tabla establecida en el reglamento respectivo, y que será financiada con presupuesto del Consejo de la Judicatura.

Se sujetarán a las prohibiciones y régimen disciplinario previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público o el Código Orgánico de la Función Judicial, según fuere el caso y en lo que les fuere aplicable, siendo la máxima sanción prevista, la suspensión por un año del servicio que están brindando. Transcurrido este tiempo podrá volver a prestar este servicio a la ciudadanía. En caso de reincidencia la suspensión será de dos años.


14

Art. 341.- CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL.- Al finalizar el año de práctica pre profesional, el Consejo de la Judicatura de acuerdo a la evaluación de la entidad que se encargó de recibir al alumno de derecho, emitirá el Certificado de Aptitud Profesional, requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de abogado.

DISPOSICION REFORMATORIA SEGUNDA.- Refórmense en el Código Orgánico de la Función Judicial, las siguientes disposiciones:

14. Sustitúyase el artículo 341 por el siguiente:

"Art. 341.- Certificado de aptitud profesional.- Al finalizar la asistencia legal gratuita para la ciudadanía, el jefe inmediato que haya supervisado el servicio prestado por la o el egresado, remitirá al Consejo de la Judicatura la respectiva evaluación, conforme con el formato creado para el efecto. De registrarse una evaluación satisfactoria, el Consejo de la Judicatura expedirá el Certificado de Aptitud Profesional, requisito indispensable para obtener el título profesional".


Art. 341.- Certificado de aptitud profesional.- Al finalizar la asistencia legal gratuita para la ciudadanía, el jefe inmediato que haya supervisado el servicio prestado por la o el egresado, remitirá al Consejo de la Judicatura la respectiva evaluación, conforme con el formato creado para el efecto. De registrarse una evaluación satisfactoria, el Consejo de la Judicatura expedirá el Certificado de Aptitud Profesional, requisito indispensable para obtener el título profesional.


15

Art. 342.- EXONERACION.- El egresado de derecho podrá exonerarse de cumplir con el año de prácticas pre profesionales, si es que acredita haber prestado sus servicios durante por lo menos dos años en un consultorio jurídico gratuito de una universidad, o haber realizado pasantía por igual tiempo en una unidad judicial.

DISPOSICION REFORMATORIA SEGUNDA.- Refórmense en el Código Orgánico de la Función Judicial, las siguientes disposiciones:

15. Sustitúyase el artículo 342 por el siguiente:

"Art. 342.- Exoneración.- La o el egresado de derecho podrá exonerarse de cumplir el año de asistencia legal gratuita para la ciudadanía, si acreditare haber prestado sus servicios durante por lo menos dos años en un consultorio jurídico gratuito de una universidad, o haber realizado pasantía por igual tiempo en una unidad judicial.


Art. 342.- EXONERACION.- La o el egresado de derecho podrá exonerarse de cumplir el año de asistencia legal gratuita para la ciudadanía, si acreditare haber prestado sus servicios durante por lo menos dos años en un consultorio jurídico gratuito de una universidad, o haber realizado pasantía por igual tiempo en una unidad judicial.
  

































































































































































































































































































































































































































































































































































REFORMAS A LA LEY NOTARIAL


LEY NOTARIAL

ANTERIOR

DISPOSICIÓN DEL COGEP

LEY NOTARIAL
ACTUAL

1

Art. 18.- Son atribuciones de los notarios, además de las constantes en otras leyes:

DECIMO QUINTA.- Refórmese en el artículo 18 de la Ley Notarial, lo siguiente;

1. Luego del término "atribuciones" agréguese el término "exclusivas".


Art. 18.- Son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes:

2


Art. 18.- Son atribuciones de los notarios, además de las constantes en otras leyes:

13.- Tramitar la solicitud de disolución de la sociedad de gananciales de consuno de los cónyuges, previo reconocimiento de las firmas de los solicitantes ante el Notario, acompañando la partida de matrimonio o sentencia de reconocimiento de la unión de hecho. Transcurridos diez días de tal reconocimiento el Notario convocará a audiencia de conciliación en la cual los cónyuges, personalmente o por medio de apoderados ratificarán su voluntad de declarar disuelta la sociedad de gananciales formada por el matrimonio o unión de hecho. El acta respectiva se protocolizará en la Notaría y su copia se subinscribirá en el Registro Civil correspondiente, particular del Cual se tomará nota al margen del acta protocolizada;


DECIMO QUINTA.- Refórmese en el artículo 18 de la Ley Notarial, lo siguiente;

2. Sustitúyase en el numeral 13, la frase "de la sociedad de gananciales de consuno de los cónyuges" por la frase "y liquidación de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes por mutuo acuerdo".


Art. 18.- Son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes:

13.- Tramitar la solicitud de disolución y liquidación de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes por mutuo acuerdo, previo reconocimiento de las firmas de los solicitantes ante el Notario, acompañando la partida de matrimonio o sentencia de reconocimiento de la unión de hecho. Transcurridos diez días de tal reconocimiento el Notario convocará a audiencia de conciliación en la cual los cónyuges, personalmente o por medio de apoderados ratificarán su voluntad de declarar disuelta la sociedad de gananciales formada por el matrimonio o unión de hecho. El acta respectiva se protocolizará en la Notaría y su copia se subinscribirá en el Registro Civil correspondiente, particular del Cual se tomará nota al margen del acta protocolizada;


3

Art. 18.- Son atribuciones de los notarios, además de las constantes en otras leyes:

14.- Autorizar la venta en remate voluntario de bienes raíces de personas menores que tengan la libre administración de sus bienes cumpliendo las disposiciones pertinentes de la Sección Décima Octava del Título Segundo del Código de Procedimiento Civil;


DECIMO QUINTA.- Refórmese en el artículo 18 de la Ley Notarial, lo siguiente;
3. Sustitúyase en el numeral 14 la frase "de la Sección Décima Octava del Título Segundo del Código de Procedimiento Civil" por "del Código Orgánico General de Procesos. Igual procedimiento se seguirá para los remates voluntarios de quienes tienen la libre administración de sus bienes".


Art. 18.- Son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes:
14.- Autorizar la venta en remate voluntario de bienes raíces de personas menores que tengan la libre administración de sus bienes cumpliendo las disposiciones pertinentes del Código Orgánico General de Procesos. Igual procedimiento se seguirá para los remates voluntarios de quienes tienen la libre administración de sus bienes;



4

Art. 18.- Son atribuciones de los notarios, además de las constantes en otras leyes:

18.- Practicar mediante diligencia notarial, requerimientos para el cumplimiento de la promesa de contrato como para la entrega de cosa debida y de la ejecución de obligaciones.
De registrarse controversia en los casos antes mencionados, el notario se abstendrá de seguir tramitando la petición respectiva y enviará copia auténtica de todo lo actuado a la oficina de sorteos del cantón de su ejercicio, dentro del término de tres días contados a partir del momento en que tuvo conocimiento del particular, por escrito o de la oposición de la persona interesada, para que después del correspondiente sorteo se radique la competencia en uno de los jueces de lo Civil del Distrito.


DECIMO QUINTA.- Refórmese en el artículo 18 de la Ley Notarial, lo siguiente;

4. Suprímase el párrafo a continuación del numeral 18.


Art. 18.- Son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes:

18.- Practicar mediante diligencia notarial, requerimientos para el cumplimiento de la promesa de contrato como para la entrega de cosa debida y de la ejecución de obligaciones.


5

Art. 18.- Son atribuciones de los notarios, además de las constantes en otras leyes:


19.- (Inc. 2do)
En la diligencia notarial, a la que se permitirá el acceso a todo interesado que justifique un presunto interés en el contenido del testamento, de presentarse oposición a la práctica de esta diligencia, el notario oirá la exposición. En este evento, elaborará un acta con los fundamentos de la oposición y la enviará a conocimiento de juez competente, cumpliendo el procedimiento de ley, ante quien se deberá llevar a efecto el juicio de apertura y publicación de testamento cerrado de conformidad con las normas previstas en los Códigos Civil y de Procedimiento Civil.

DECIMO QUINTA.- Refórmese en el artículo 18 de la Ley Notarial, lo siguiente;

5. Sustitúyase en el segundo inciso del numeral 19 la frase "de Procedimiento Civil" por "Orgánico General de Procesos".



Art. 18.- Son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes:

19.- (Inc. 2do)
En la diligencia notarial, a la que se permitirá el acceso a todo interesado que justifique un presunto interés en el contenido del testamento, de presentarse oposición a la práctica de esta diligencia, el notario oirá la exposición. En este evento, elaborará un acta con los fundamentos de la oposición y la enviará a conocimiento de juez competente, cumpliendo el procedimiento de ley, ante quien se deberá llevar a efecto el juicio de apertura y publicación de testamento cerrado de conformidad con las normas previstas en los Códigos Civil y Orgánico General de Procesos.


6

Art. 18.- Son atribuciones de los notarios, además de las constantes en otras leyes:

20.- Será facultad del notario proceder al registro de firmas de funcionarios y representantes de personas jurídicas, siempre y cuando haya petición de parte y el notario tenga conocimiento pleno de quien registra su firma. El documento que contenga la certificación de firma en virtud de este procedimiento de registro, gozará de autenticidad, pero no tendrá los efectos probatorios de instrumento público, para cuyo efecto se procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil.


DECIMO QUINTA.- Refórmese en el artículo 18 de la Ley Notarial, lo siguiente;

6. Sustitúyase en el numeral 20 la frase "el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil" por "las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos".


Art. 18.- Son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes:

20.- Será facultad del notario proceder al registro de firmas de funcionarios y representantes de personas jurídicas, siempre y cuando haya petición de parte y el notario tenga conocimiento pleno de quien registra su firma. El documento que contenga la certificación de firma en virtud de este procedimiento de registro, gozará de autenticidad, pero no tendrá los efectos probatorios de instrumento público, para cuyo efecto se procederá de conformidad con lo previsto en las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos.


7

Art. 18.- Son atribuciones de los notarios, además de las constantes en otras leyes:

28.- Practicar en la forma prevista en el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil mediante diligencia notarial, notificaciones de traspaso o cesiones de derechos o créditos personales, la cual se hará en persona o por tres boletas en el domicilio del deudor, a quien se entregará una boleta en que conste la nota de traspaso y se determinen el origen, la cantidad y la fecha del crédito. Si el título fuere una escritura pública, se indicará, además, el protocolo en que se haya otorgado, y se anotará el traspaso al margen de la matriz, para que éste sea válido;

DECIMO QUINTA.- Refórmese en el artículo 18 de la Ley Notarial, lo siguiente;

7. Suprímase del numeral 28 la frase "en la forma prevista en el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil". 



Art. 18.- Son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes:

28.- Practicar mediante diligencia notarial, notificaciones de traspaso o cesiones de derechos o créditos personales, la cual se hará en persona o por tres boletas en el domicilio del deudor, a quien se entregará una boleta en que conste la nota de traspaso y se determinen el origen, la cantidad y la fecha del crédito. Si el título fuere una escritura pública, se indicará, además, el protocolo en que se haya otorgado, y se anotará el traspaso al margen de la matriz, para que éste sea válido;


8

Art. 18.- Son atribuciones de los notarios, además de las constantes en otras leyes:

No existìan màs numerales después del numeral 28.

DECIMO QUINTA.- Refórmese en el artículo 18 de la Ley Notarial, lo siguiente;

8. Agréguese luego del numeral 28, los siguientes numerales:

"29. Aprobar la constitución o reforma de sociedades civiles y mercantiles y demás actos atinentes con la vida de estas, y oficiar al Registrador Mercantil para su inscripción, cuando no corresponda a la Superintendencia de Compañías y Valores.

30.- Autorizar la inscripción de matrículas de comercio en el registro pertinente.

31.- Requerir a la persona deudora para constituirla en mora, de conformidad con el artículo 1567 del Código Civil.

32.- Receptar la declaración juramentada sobre estado civil de las personas cuando estas lo requieran, con el objetivo de tramitar la posesión notoria del estado civil.

33.- Tramitar la caución e inventario en el usufructo, para determinar que esta sea suficiente para la conservación y restitución del bien que se trate y para el inventario solemne. Para el efecto, se acompañará a la solicitud, el documento que acredite el avalúo pericial o el inventario, dependiendo el caso, realizado por uno de los peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura.

34.- Solemnizar la designación de administrador común, mediante la declaración de las partes, lo que se legalizará con la correspondiente petición y reconocimiento de la firma de los solicitantes.

35.- Solemnizar el desahucio, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Inquilinato y el Código Civil. La o el interesado en el desahucio dirigirá una solicitud a la o al notario, acompañando prueba de su pretensión. Recibida la solicitud y los documentos que se acompañan a ella, la o el notario dispondrá que se notifique a la o al desahuciado.

36.- Inscribir contratos de arrendamiento, cuyo canon exceda de un salario básico unificado del trabajador en general, para lo cual cada notaría llevará un archivo numerado y cronológico.

37.- Solemnizar la partición de bienes hereditarios mediante la declaración de las partes, lo que se legalizará con la correspondiente petición, reconocimiento de la firma de los solicitantes y los documentos que acrediten la propiedad del causante sobre los bienes.

De existir controversia en los casos previstos con competencia exclusiva para notarios, la o el notario deberá enviar copia auténtica de todo lo actuado a la oficina de sorteos del cantón de su ejercicio dentro del término de tres días contados a partir de recibida la oposición, con el objetivo de que luego del respectivo sorteo se radique la competencia en uno de los jueces de lo civil del cantón quien procederá mediante proceso sumario.


Art. 18.- Son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes:

29. Aprobar la constitución o reforma de sociedades civiles y mercantiles y demás actos atinentes con la vida de estas, y oficiar al Registrador Mercantil para su inscripción, cuando no corresponda a la Superintendencia de Compañías y Valores.

30.- Autorizar la inscripción de matrículas de comercio en el registro pertinente.

31.- Requerir a la persona deudora para constituirla en mora, de conformidad con el artículo 1567 del Código Civil.

32.- Receptar la declaración juramentada sobre estado civil de las personas cuando estas lo requieran, con el objetivo de tramitar la posesión notoria del estado civil.

33.- Tramitar la caución e inventario en el usufructo, para determinar que esta sea suficiente para la conservación y restitución del bien que se trate y para el inventario solemne. Para el efecto, se acompañará a la solicitud, el documento que acredite el avalúo pericial o el inventario, dependiendo el caso, realizado por uno de los peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura.

34.- Solemnizar la designación de administrador común, mediante la declaración de las partes, lo que se legalizará con la correspondiente petición y reconocimiento de la firma de los solicitantes.

35.- Solemnizar el desahucio, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Inquilinato y el Código Civil. La o el interesado en el desahucio dirigirá una solicitud a la o al notario, acompañando prueba de su pretensión. Recibida la solicitud y los documentos que se acompañan a ella, la o el notario dispondrá que se notifique a la o al desahuciado.

36.- Inscribir contratos de arrendamiento, cuyo canon exceda de un salario básico unificado del trabajador en general, para lo cual cada notaría llevará un archivo numerado y cronológico.

37.- Solemnizar la partición de bienes hereditarios mediante la declaración de las partes, lo que se legalizará con la correspondiente petición, reconocimiento de la firma de los solicitantes y los documentos que acrediten la propiedad del causante sobre los bienes.

De existir controversia en los casos previstos con competencia exclusiva para notarios, la o el notario deberá enviar copia auténtica de todo lo actuado a la oficina de sorteos del cantón de su ejercicio dentro del término de tres días contados a partir de recibida la oposición, con el objetivo de que luego del respectivo sorteo se radique la competencia en uno de los jueces de lo civil del cantón quien procederá mediante proceso sumario.































































































































































































































































































REFORMAS A LA LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN

COGEP: DISPOSICIÓN REFORMATORIA DECIMO SEXTA.- Sustitúyase en el artículo 39 de la Ley de Arbitraje y Mediación la frase "la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador" por "el Consejo de la Judicatura.

Finalmente es oportuno mencionar que las autoridades judiciales no pueden decidir libremente sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos, para que esto ocurra deben observar un debido proceso que se regula según el sistema procesal de cada Estado. En Ecuador el sistema procesal según el artículo 169 de la Constitución es un medio para la realización de justicia y según el artículo 1 y 167 la potestad de administrar justicia emana del pueblo soberano, por lo tanto toda autoridad al velar por los intereses de la justicia lo hace desde el pueblo y para el pueblo, siendo éste el único al que debe obedecer.

El COGEP se presenta como un reto más para todo funcionario judicial, abogado y estudiante de derecho al que debemos asumirlo con mucha seriedad y responsabilidad, estudiándolo, interpretándolo y por qué no planteando soluciones a las falencias que pueda presentar, es nuestro deber ciudadano y profesional asumir este compromiso con el sistema procesal y con la justicia por el bienestar y el desarrollo de la patria. 




[1] Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca. Especialista Superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.